Bruselas, 11 de abril de 2025 – El Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y utilización de precursores de explosivos, ya es plenamente aplicable en el Espacio Económico Europeo. Este nuevo marco regulador sustituye al Reglamento (UE) nº 98/2013 y modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), incorporando nuevas obligaciones dirigidas directamente al sector químico.

Con esta normativa, la Unión Europea refuerza el control sobre determinadas sustancias susceptibles de uso indebido en la fabricación ilícita de explosivos afectando a fabricantes, importadores, distribuidores y usuarios profesionales de productos químicos.

¿Qué son los precursores de explosivos?

Los precursores de explosivos son sustancias químicas de uso legal en distintos sectores (como la agricultura, la minería, la construcción o la industria química), pero que pueden ser utilizadas para fabricar explosivos artesanales. Algunos ejemplos conocidos incluyen el peróxido de hidrógeno, el ácido nítrico o el nitrato de amonio.

Este tipo de sustancias han estado implicadas en diversos atentados terroristas en Europa, lo que ha motivado una legislación más estricta para limitar su acceso y uso indebido.

Clasificación de los precursores y ámbito de aplicación

El reglamento clasifica los precursores de explosivos en dos categorías:

• Anexo I (precursores restringidos): sustancias cuyo acceso por parte del público en general queda prohibido, salvo autorización expresa.

• Anexo II (precursores sujetos a notificación): disponibles para uso general, pero cuya comercialización está sujeta a vigilancia y obligación de notificar operaciones sospechosas.

Se consideran operadores económicos todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro, incluyendo almacenamiento, venta y utilización profesional de estas sustancias.

Requisitos clave para la industria química

El reglamento introduce una serie de medidas clave que deben cumplir tanto los operadores económicos como los usuarios profesionales. Entre ellas destacan:

1. Control de ventas y usuarios

• Verificación de la legitimidad del cliente: los operadores deben comprobar que el comprador está autorizado para adquirir precursores restringidos, mediante licencias o declaraciones de uso profesional expedidas por la autoridad competente del Estado miembro.

• Registro de transacciones: debe mantenerse un registro detallado durante al menos 18 meses, accesible a las autoridades competentes si lo requieren.

2. Obligación de notificación

• Los operadores económicos y usuarios profesionales deben notificar sin demora cualquier transacción sospechosa, desaparición o robo de productos incluidos en los anexos I y II.

• La notificación se realiza a las autoridades nacionales designadas, con protocolos que deben estar claramente definidos en cada empresa.

3. Formación y concienciación del personal

Las empresas deben garantizar que los empleados implicados en la gestión de precursores estén adecuadamente formados para:

• Identificar actividades sospechosas
• Conocer las obligaciones legales
• Aplicar medidas preventivas y de control

4. Etiquetado y documentación

Los productos que contengan precursores de explosivos deben llevar una etiqueta visible que indique:

• La presencia de sustancias reguladas.
• Las restricciones de uso.
• Las obligaciones legales para el usuario.

5. Licencias y autorizaciones

El público general que requiera el uso de precursores restringidos deberá disponer de licencia individual emitida por el Estado miembro correspondiente. No se permite la venta sin la presentación y verificación previa de dicha licencia.

Impacto en la industria y el comercio

Aunque supone un mayor esfuerzo administrativo para el sector, la Comisión Europea destaca que estas medidas son esenciales para reducir el riesgo de terrorismo y proteger a la ciudadanía, sin perjudicar de forma significativa a la actividad económica legítima.

El Reglamento (UE) 2019/1148 implica un incremento en las obligaciones administrativas y de control, afectando directamente a fabricantes, distribuidores, minoristas y usuarios profesionales de sustancias químicas incluidas en los anexos I y II del reglamento. Las empresas deberán revisar sus procesos internos para garantizar el cumplimiento normativo, lo que incluye:

• Adaptar la documentación y etiquetado de productos.

• Establecer protocolos de formación y control interno.

• Solicitar licencias y asegurarse de que los clientes también estén autorizados.

Sin embargo, esta regulación también armoniza criterios en el conjunto del mercado europeo, aportando mayor claridad legal y una base común de actuación frente a riesgos emergentes en materia de seguridad.

Las asociaciones industriales han destacado la necesidad de una implementación eficiente por parte de los Estados miembros, con criterios claros de autorización, plazos definidos y una comunicación fluida con el sector privado.

Aplicación y supervisión

Cada Estado miembro es responsable de establecer las autoridades competentes, los procedimientos de concesión de licencias y los mecanismos de inspección. Además, se fomentará la cooperación transfronteriza para compartir información sobre riesgos, robos y comportamientos sospechosos.

Conclusión

El Reglamento (UE) 2019/1148 representa un avance importante en la lucha contra el uso ilícito de productos químicos peligrosos. Con él, la Unión Europea busca garantizar que el acceso a los precursores de explosivos quede reservado únicamente a usos legítimos, reforzando la seguridad colectiva sin comprometer el desarrollo industrial.

Para la industria química, el Reglamento (UE) 2019/1148 supone una transformación en la gestión de productos sensibles, que deben ser tratados con un enfoque preventivo y de gestión del riesgo. La colaboración entre empresas, autoridades y asociaciones sectoriales será clave para garantizar el cumplimiento normativo sin comprometer la competitividad ni la innovación.

Las compañías que operan con estas sustancias deben revisar sus protocolos internos, adaptar sus sistemas de control documental y reforzar la capacitación del personal. El objetivo común: garantizar un uso legítimo y seguro de productos químicos esenciales para la industria, pero potencialmente peligrosos en manos indebidas.